La Policía Energética: El Costo real de los apagones

Por Ana Sotomayor
Recientemente estuve en una entrevista hablando de los apagones (o “interrupciones del servicio”, como les llaman ahora) que se han vuelto cada vez más frecuentes en las zonas más cálidas del país. Hablamos de cifras, de curvas de demanda, de inversiones pendientes. Pero hay algo que los números no capturan: el costo humano.

Y aquí en Hermosillo, ese costo humano tiene nombre y apellido: el Hospital del ISSSTE “Dr. Fernando Ocaranza”.

En las últimas semanas, el personal médico, pacientes y derechohabientes han denunciado las condiciones críticas de este nosocomio, que atiende a más de 200 mil personas . Los apagones recurrentes han dejado áreas enteras sin electricidad, sin aire acondicionado y sin equipos médicos funcionando. Una trabajadora de la salud describió el hospital como “un horno, un sauna” durante un apagón que duró más de cinco horas.

El personal de terapia intensiva ha advertido que estas condiciones no solo son incómodas, sino que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Una paciente que estaba en labor de parto, con bloqueo epidural ya aplicado y seis centímetros de dilatación, tuvo que ser trasladada de emergencia a otro hospital porque la luz no regresó y la planta de emergencia no entraba. Bajó por las escaleras porque los elevadores no funcionaban. La enfermera que la atendió lo resumió con una frase que me heló la sangre: “Si la paciente hubiera estado con una labor de parto más avanzada, no llega al hospital”.

Este caso no es aislado. Es el síntoma de un problema estructural: cuando la energía falla, no solo se apagan las luces. Se cierran las puertas de otros derechos: la salud, la educación, la vivienda digna, el acceso al agua.

Por eso duele escuchar que el tema energético “no debe politizarse”. Porque, con todo respeto, eso es un error.

El sistema no es un concepto abstracto: es lo que nos conecta a todos

La energía nos llega a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Y un sistema es, por definición, “un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo común”. El todo es más que la suma de sus partes, porque cada elemento afecta al funcionamiento global.

Y aquí hay dos partes que siempre debemos tener claras y que implican responsabilidades para todos:
Del medidor hacia adentro: nuestros hogares, oficinas, comercios, industrias: dependen de nuestros hábitos, eficiencia con la que decidimos diariamente usar o desperdiciar la energía.

Del medidor hacia afuera: subestaciones, líneas de transmisión y distribución, centrales de generación, el CENACE, la SENER, CFE, pero también Pemex como proveedor de los combustibles y los proveedores de gas natural (que en su mayoría viene de Estados Unidos). Y aquí, en esta segunda parte, la política siempre, siempre, siempre está presente. Porque todas las decisiones que se toman del medidor hacia afuera ocurren en el ámbito federal. Ni estados ni municipios pueden decidir autónomamente sobre la energía. Dependemos de los lineamientos del gobierno en turno. Y si durante un sexenio como el del 2018 al 2024, por cuestiones meramente políticas, no se invirtió en infraestructura de transmisión y distribución, el precio lo terminamos pagando todos y el resultado es una deuda en infraestructura, porque como en otros ámbitos en temas de infraestructura si se detiene la inversión, no solamente no crecemos, sino que disminuimos en capacidad porque lo que existe se deteriora y pierde eficiencia.

El tamaño de la deuda

Para ponerlos en contexto, México planea invertir poco más de 8,100 millones de dólares para modernizar y fortalecer su Red Nacional de Transmisión hasta 2030. En contraste, España destinará unos 14,800 millones de dólares en el mismo periodo.

Pero la red eléctrica de México es considerablemente más grande que la de España: nuestra red de alta tensión, a la que se le llama Red de Transmisión, es 2.4 veces más grande, y al incluir los cables urbanos, rurales y transformadores locales, la red mexicana de distribución supera a la española por un 50%. Es decir, estamos planeando invertir el 55% de lo que invertirá España para una red de más del doble de tamaño. Las matemáticas son contundentes: hay una deuda de infraestructura que no se resuelve con discursos, sino con inversión real, constante y abundante.

No es “politizar”: es entender cómo funciona el mundo real

Hablar de energía implica hablar de inversión pública, de planeación, de presupuestos, de prioridades. Y todo eso es política. No es un adjetivo peyorativo: es una realidad. La energía es un servicio público que depende de decisiones políticas. Pero también depende de nuestras decisiones individuales.

Cada vez que llegamos a casa y encendemos luces, aires acondicionados, televisores y todos los aparatos que nos hacen la vida más fácil, hagámoslo con conciencia, pues estamos dibujando esa curva de demanda que el CENACE tiene que atender y de la que ya hemos platicado.

Es la responsabilidad de todos hacer lo que nos corresponde, individualmente usar la energía de la mejor manera, colectivamente pedir a las autoridades que hagan lo que se necesita y del gobierno tomar las decisiones políticas correctas para no descuidar y ampliar la infraestructura necesaria para que la energía llegue en el momento correcto al lugar necesario y con la cantidad requerida. De lo contrario, los apagones se vuelven inevitables. Y en casos como el del Hospital Ocaranza, la falta de energía se convierte en una amenaza directa a la vida.

La próxima vez que escuchemos hablar de un apagón, recordemos que no es solo un número en una gráfica. Es una paciente en labor de parto bajando escaleras a oscuras. Es un enfermero en terapia intensiva viendo cómo sus pacientes sufren por el calor. Es una familia sin refrigeración para medicamentos. Es una vida en riesgo.

Y eso, queridos lectores, nos compete a todos. Porque la energía no es un lujo: es un puente hacia una vida digna.

La Policía Energética sigue patrullando, hoy con especial atención a los que menos pueden defenderse.

Si tienen reportes de apagones recurrentes en sus colonias, o si quieren saber cómo usar mejor su energía y preparar sus hogares ante posibles cortes de energía, mi correo sigue abierto: Sotomayor.anam@gmail.com

Gracias a La Chicharra y hasta la próxima semana.

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Ana Sotomayor es graduada en Administración de empresa y candidata a maestría en Sustentabilidad (si todo sale bien). Su experiencia profesional incluye proyectos de eficiencia energética y energías renovables, y es una hábil profesional en el sector de la administración de la energía. Sus habilidades incluyen el identificar, evaluar y presentar de una manera entendible las oportunidades en el uso eficiente de la energía y sus aplicaciones. Tiene experiencia en servicios de consultoría de sustentabilidad y ha presentado soluciones y programas eficaces de manejo eficiente de la energía para distintos clientes incluyendo el sector privado, y gobiernos estatales y municipales. Actualmente tiene su propia firma de consultoría dedicada a la realización de auditorías energéticas, perfiles de consumo de energía, capacitación y trámites para la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista. Su experiencia anterior incluye puestos administrativos y financieros en industrias medianas.