Luces y sombras: No se acabó el mundo, pero llegó otro gasolinazo

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Por: Armando Zamora
Armando ZamoraMéxico tiene una “clase política de bajo nivel, élites políticas que se han ganado el desprecio de gran parte de la población, y se lo han ganado a pulso”, señaló recientemente el sociólogo y antropólogo mexicano Roger Bartra, quien subrayó que el atraso, la corrupción y la falta de educación de los políticos se refleja tanto en la organización de los partidos como en sus funciones legislativas, generando en los ciudadanos un desdén hacia la élite gobernante y un desprecio general de la política. Desde luego que Bartra no se refería a la falta de grados académicos de nuestra clase política, sino a su falta de sensibilidad y compromiso social, y definitivamente a su poca memoria.

En agosto de 2013, cuando Enrique Peña Nieto promovía la Reforma Energética, sus spots y discursos apuntaron a una promesa: el precio de la gasolina bajaría. Además, señalaba que “el Gobierno de la República hoy a tomado una decisión trascendental para el desarrollo de nuestro país. Este día envié al Senado de la República la iniciativa de la Reforma Energética. Esta reforma representa una de las grandes oportunidades para México en los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad —añadía— se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma bajará el precio de la luz y el gas, igualmente bajará el precio de los fertilizantes y en consecuencia nuestro campo producirá más”. (Bueno: a alguien se le olvidó decirle a Peña Nieto que el campo no necesita nomás fertilizantes, sino también una serie de insumos y trabajos que no cualquier campesino puede enfrentar).

De entonces a este día, el servicio de luz, el gas y la gasolina han incrementado sus precios. Sobre el incremento al último energético, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Miguel Messmacher, dijo que la Reforma Energética “no estableció de manera explícita que los mexicanos podrían gozar de gasolina barata”, y agregó que “la gente se tiene que acostumbrar al aumento o disminución de los precios del combustible”. ¿Disminución?, pregunta la gente, ¿cuál disminución?

El subsecretario de marras explicó que el aumento —esperado e inevitable— en los precios máximos de los combustibles durante el mes de agosto obedece al repunte observado en las referencias internacionales para los precios de los combustibles, el cual refleja la recuperación reciente en el precio del crudo. Y ni modo: así lo dijo y nadie le entendió.

En respuesta, Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico de CI Banco, en entrevista con Sinembargo.com, criticó lo poco clara que ha sido la comunicación del Gobierno con la población, al dar estos anuncios que sólo generan desconcierto, ya que lo que sí está claramente establecido en la Reforma Energética es que para el 1 de enero de 2018 se debe liberar por completo el precio de las gasolinas; es decir, que en esa fecha los mexicanos tendrán en el mercado distintas marcas y diferentes precios.

El analista mencionó las contradicciones de este año. Cuando en los primeros meses se anunció “una baja histórica” en los precios de la gasolina del 3 por ciento, “nos hizo entender que ya estábamos en una nueva época. Todos compramos ese mensaje y nos gustó. Ahora en los últimos meses han dado la vuelta a su discurso y eso hace pensar muchas cosas; primero que esa decisión de enero pudo ser sólo política previa a las elecciones”.

 Pero la historia de los gasolinazos no es nueva. Empezó con el incremento mensual de una serie que comenzó con Vicente Fox. En esta trama se confabularon el Poder Ejecutivo, el PRI y el PAN en el Congreso, e incluso la mayoría de ministros de la Suprema Corte, para ejecutar una de las mayores transferencias de dinero de las familias y las empresas hacia las arcas del gobierno, según han señalado los analistas; “una de las claves del empobrecimiento del país, de la corrupción y el despilfarro se puede hallar en los gasolinazos”, han añadido.

Todo inició el año 2000, cuando Vicente Fox promovió un incremento de entre uno y dos centavos mensuales a los combustibles, que supuestamente servirían para un fondo de infraestructura carretera y para contrarrestar los efectos de la contaminación del ambiente.

En 2008, Felipe Calderón presentó una iniciativa –que diputados de PRI y PAN aprobaron– para cargar a los combustibles el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En el artículo 2-A de la ley respectiva quedó establecido el sobreprecio de 36 centavos en los combustibles a cargo del consumidor final. Del monto recaudado mediante ese impuesto se destinaría 80 por ciento a los estados y 20 por ciento para los municipios, que tendrían que etiquetar esos recursos a infraestructura y protección del medio ambiente.

Fue una medida muy polémica que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por diputados del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), pero fue rechazada por los ministros —se recuerda que el único voto en contra fue el de la ministra Olga Sánchez Cordero—. La Corte resolvió, en una de sus más infaustas decisiones, que los gasolinazos no violaban el principio de equidad tributaria.

Ya con la luz verde de la Corte, el Gobierno resolvió que el IEPS se prorratearía durante 18 meses, a dos centavos por mes, entre enero de 2008 y junio de 2009. Al finalizar ese periodo, el Gobierno Federal congeló el precio de la gasolina Magna como una de las medidas contra la crisis económica, derivada de la recesión de Estados Unidos.

Sin embargo, en 2010 Calderón anunció una serie de incrementos mensuales con los que se eliminaría gradualmente el subsidio a los combustibles, que estaba minando las finanzas públicas. Según esto, el gobierno subsidiaba la diferencia entre el precio de la gasolina de Estados Unidos (entonces más cara) y la de Pemex. Nunca pudo probarse la existencia de tal subsidio dentro del presupuesto. En 2011, los aumentos fueron de 11 centavos para Magna, Premium y diésel.

Al llegar Enrique Peña Nieto a la Presidencia continuó con la política de aumentos, pero cambió a nueve centavos para la Magna y 11 centavos para la Premium y el diésel el primer sábado de cada mes. A finales de 2013 la gasolina mexicana superó en costo a la de Estados Unidos; sin embargo, los diputados —incluyendo a los del PRD— aprobaron los gasolinazos durante todo 2014.

Este año, con el cálculo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) dentro del rango de precios, el gobierno federal espera recaudar más de 220,000 millones de pesos. Y ¿qué pasa si el precio de la gasolina, dependiendo de las variaciones internacionales, se sale de la banda establecida de más/menos 3%?  La ley prevé que se cobren cuotas adicionales. Si esto sucede, los contribuyentes podrían pedir la devolución del sobrecosto mediante una declaración. El problema es que los trabajadores informales no están en condiciones de reclamar una devolución. Ése sería un efecto negativo para muchos consumidores.

El Gobierno sabe que cerca de 60% de los trabajadores en México se desempeñan en empleos informales, una de las tasas más altas en América Latina, mientras que en los tres estados más pobres del país —Oaxaca, Guerrero y Chiapas— la informalidad llega hasta 80%, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas zonas serían afectadas por un eventual sobrecosto porque las refinerías no producen suficiente gasolina, y habrá que ver si sale económico llevar gasolina importada a estas zonas, subrayan los expertos. Y no es previsible que por recuperar una improbable devolución en el costo de la gasolina, los trabajadores informales busquen darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Si el Gobierno Federal buscar reducir la informalidad, tendría que fomentarlo de otra manera para que se establezca un mercado abierto de recuperación de costos para personas físicas o morales, entre otros beneficios. Pero no lo ha hecho antes y no lo hará ahora.

Entrevistado sobre los mitos y las realidades del gasolinazo, el investigador Benjamín García Páez, doctor en Economía de la Energía y Desarrollo Económico por la Universidad de Surrey, Gran Bretaña, y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que en el muy corto plazo, el incremento de los precios de los combustibles y el ajuste en otros precios y tarifas del sector público eran inevitables porque el gobierno requiere cubrir el boquete fiscal que provocó la baja en la producción y en el valor de las exportaciones petroleras, así como una estrategia económica fallida.

Pero, al mismo tiempo, era evitable si nuestros gobernantes, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil nos hubiéramos resistido a la euforia generada por el auge petrolero del 2003-2008 y, sobre todo, si hubiéramos hecho los cambios en la operación del modelo económico que requiere el país. Así, los ajustes se hubieran podido evitar.

El doctor García Páez añadió que es un hecho históricamente observado que el incremento en los energéticos provoca efectos directos e indirectos sobre la inflación y que de profundizarse la incertidumbre sobre los efectos y duración de la escalada de precios que hoy se experimenta en el país se estarían induciendo bases incuestionables para aumentos salariales en las próximas negociaciones contractuales, y aun en la demanda de incrementos salariales de emergencia.

Efectivamente, precisó, el impacto del alza de la gasolina da pretexto a todo mundo a subir sus precios. Ya lo estamos viviendo y creo que el gobierno tendría que actuar rápidamente para enviar una señal en sentido contrario, quizás no retractándose de las alzas, pero sí tendiendo medidas de alivio fiscal que ayuden a robustecer el ingreso de las familias.

“Y no puede ser por los salarios mínimos porque te generaría un efecto inflacionario adverso y adicional. Tendrían que ser una serie de apoyos fiscales, mayor cobertura de los servicios médicos, programas de empleo temporal, a los empresarios alguna descarga de impuestos por mantener determinadas metas de exportación u obtener algunos estándares de calidad. El gobierno tiene que ser más participativo de lo que ha decidido ser durante más de 25 años”, indicó.

En sentido estricto, agregó Benjamín García Páez, es cierto que el 20 por ciento de la población más rica del país es la que se beneficia en 53 por ciento del monto total del subsidio que el gobierno destina a las gasolinas. Es como en la electricidad: si tienes una casa con tres focos es una realidad que subsidias un kilowatt hora al gran consumidor. El que tiene alberca y jacuzzi se va a beneficiar más de ese subsidio que los que menos consumen. Es realidad porque hay un problema para administrar el subsidio. El asunto es que los altos consumidores de gasolina generan bienes y servicios que pueden repercutir en los ingresos de las familias. Me parecen argumentos ciertos en lo general, pero que eluden otros asuntos más importantes, como es la corrección de precios y tarifas de los bienes que genera el sector público.

Es un mito, señaló, que el aumento de precios en la gasolina no afecta mucho a las clases populares, porque todos los incrementos y las pérdidas de los empresarios de todo tamaño son trasladados al consumidor, y ahí no hay mecanismos de defensa o de amortiguamiento. Y, como ejemplo, tenemos el caso del aumento en el precio de las tortillas: del gobierno lo que tenemos es apenas un exhorto a no elevar los precios porque no tiene la capacidad administrativa de supervisar precios, sobre todo en provincia y en ciudades pequeñas. Definitivamente, va a incidir en la población que vive en pobreza.

El tema de la homologación al precio internacional de los combustibles con los de México es un cliché de política económica, porque entre los grandes países, como Estados Unidos, se generan muchos subsidios y apoyos a las actividades productivas. Hay mucha ingenuidad en eso de la homologación y no hay garantías de que la alineación de precios se vuelva un factor de crecimiento económico.

Y del precio de la gasolina, sí podemos tenerla relativamente más barata que en Estados Unidos, pero la estructura de costos de producción de gasolina en EU es superior con respecto a nosotros. En términos laborales, ellos usan a un trabajador por cada seis que pagamos nosotros en las refinerías. Además, los impuestos no son tan altos como los que tenemos en México, abundó.

Explicó que todos los europeos son altamente penalizadores al consumidor de gasolina por cuidar el medio ambiente, y la gente no protesta porque tiene medios masivos de transporte muy eficientes. Nosotros, con Estados Unidos, hemos estado históricamente por abajo, pero no mucho.

Finalmente, subrayó que sí habrá una inflación en la medida en que se suma a otros aumentos en el precio del combustible. Nosotros no tenemos precios competitivos en la gasolina por los impuestos que se le añaden a ese combustible. El costo de producción es mucho menor, pero sube porque a los dueños de las gasolineras se les da un porcentaje muy alto y, además, el gobierno añade impuestos como el IEPS. Más que el monto del aumento, en esta ocasión se suma a los aumentos en el pasado y su impacto es real especialmente para aquellos que usan la gasolina como insumo productivo para otros bienes.

Por cierto, esta entrevista, realizada por Vanessa Job para el diario Emeequis, fue publicada ayer, sino el 18 de enero de 2010. Y ahí confirmamos que la historia no cambia ni los argumentos de los funcionarios, cuya corta memoria espanta.

Según los expertos en el tema, lo que está haciendo la SHCP en estos últimos años de gestión es calcular una fórmula o adecuación para no eliminar los ingresos por concepto de venta de gasolina, pues para 2018 la dependencia deberá pensar en una nueva estrategia de recaudación en función a los volúmenes consumidos y el aumento del parque automotriz para la próxima década.

Y ahora, con la cuota fija, el Gobierno evita en gran medida ese problema y va a tener recaudación de cada litro que se consuma en el país, que, según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), es de alrededor de 100 millones de litros de Magna, 23 millones de Premium y 60 millones de diésel vendidos al día.

Como sea, los consumidores no lamentaríamos tanto el despojo que hemos sufrido a lo largo de 16 años de gasolinazos si la recaudación se hubiera empleado para construir refinerías o para la constitución de un fondo de rescate de la economía popular, ahora que el petróleo va en picada. Tampoco queremos que vengan a pedirnos perdón por otro lamentable error. Lo que necesitamos como país es una administración transparente, libre de corrupción y efectiva, donde los impuestos realmente trabajen en favor de la ciudadanía, sobre todo de la que menos tiene —“carne de cañón” y “voto fácil”, les llaman en los war room—, y no en la adquisición de casitas blancas o en el diseño de inmensas y obscenas fortunas personales  que sólo se persiguen en los opositores.

Y que los políticos y los aspirantes a serlo, dejen las redes sociales por un instante y se pongan a trabajar en beneficio no de sus copartidarios, sino de todo un pueblo. Ya lo dijo el poeta: “Hacer política a través de twitter, youtube y facebook, y no en las cámaras o en los concejos, es la manera más efectiva que tienen nuestros políticos de hacerse pendejos”.

 

 

Armando Zamora. Periodista, músico, editor y poeta.
Tiene más de 16 libros publicados, 12 de ellos de poesía. Ha obtenido más de 35 premios literarios a nivel local, estatal y nacional. Ha ganado el Premio Estatal de Periodismo en dos ocasiones.  Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS). Una calle de Hermosillo lleva su nombre.


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